Enfoque regulatorio que gradúa requisitos, inspecciones y sanciones en función del riesgo real que representa una actividad para bienes jurídicos protegidos, en lugar de aplicar un estándar único a todos los sujetos regulados. Concentra el esfuerzo del Estado donde el daño potencial es mayor.
Por qué importa y cómo se aplica en México
La OCDE ha impulsado la gestión basada en riesgo como estándar contemporáneo de supervisión y cumplimiento, particularmente en su documento Regulatory Enforcement and Inspections (2014). Su premisa es que los recursos del Estado son finitos y que la respuesta regulatoria debe ser proporcional al riesgo: no tiene sentido inspeccionar con la misma intensidad a una actividad de bajo impacto que a una de alto impacto ambiental o sanitario.
En la práctica, este enfoque se traduce en categorías de riesgo, listas positivas de bajo riesgo con requisitos aligerados, autorizaciones por giro económico y esquemas de cumplimiento voluntario para actividades de bajo impacto. En México se ha aplicado, con distintos alcances, en apertura de negocios de bajo riesgo, en protección civil y en materia sanitaria.
La LNETB de 2025 refuerza el enfoque al orientar la simplificación efectiva por riesgo: los trámites de bajo riesgo se resuelven con menor carga documental y mayor uso de declaraciones bajo protesta, mientras que los de alto riesgo mantienen controles reforzados. La igualdad formal cede ante la equidad regulatoria basada en evidencia.
Laboratorio de Buenas Prácticas Regulatorias, A.C. (2026). Gestión basada en riesgo [entrada de glosario]. Glosario Regulatorio LBPR. https://lbpr.mx/glosario/gestion-basada-en-riesgo