Definiciones citables de los términos que estructuran la conversación pública sobre mejora regulatoria en México. Cada ficha se sostiene en fuente pública verificable y, cuando aplica, cita el caso real donde el LBPR lo ha documentado.
Documento técnico que examina, antes de emitir una regulación, cuál es el problema público que la justifica, qué alternativas existen para atenderlo, qué beneficios y costos genera cada una y qué mecanismos permitirán evaluar sus resultados. Su función es informar la decisión regulatoria con evidencia.
Proceso mediante el cual las normas emitidas por distintas autoridades u órdenes de gobierno se alinean entre sí para operar bajo criterios comunes, evitar contradicciones y permitir que el sujeto obligado pueda cumplir con un marco coherente en lugar de conciliar reglas divergentes.
Costo en tiempo, dinero y esfuerzo que las regulaciones imponen a personas y empresas para cumplir con las obligaciones de información que exige el Estado. Incluye recopilar documentos, llenar formularios, contratar apoyo especializado, desplazarse a oficinas y esperar respuestas.
Margen de apreciación que la ley confiere a una autoridad para elegir, dentro de los límites del marco jurídico, la solución más adecuada a un caso concreto. No equivale a arbitrariedad: la decisión discrecional debe estar motivada, ser proporcional y admitir control jurisdiccional.
Situación en la que autoridades distintas —o la misma autoridad en trámites separados— solicitan a un mismo sujeto obligado los mismos documentos o datos que ya obran en poder del Estado. Refleja falta de interoperabilidad y traslada al usuario un costo que debería resolverse internamente.
Par de análisis que acompañan el ciclo de vida de una regulación. El ex ante estima, antes de emitirla, sus impactos esperados en costos, beneficios y riesgos. El ex post mide, ya en vigor, si esos impactos ocurrieron y si la regulación resolvió efectivamente el problema público que la motivó.
Repositorio electrónico centralizado donde se concentran los documentos, resoluciones y antecedentes de una persona o empresa frente al Estado. Permite que autoridades distintas consulten y actualicen la misma base sin obligar al usuario a volver a presentar información ya entregada.
Enfoque regulatorio que gradúa requisitos, inspecciones y sanciones en función del riesgo real que representa una actividad para bienes jurídicos protegidos, en lugar de aplicar un estándar único a todos los sujetos regulados. Concentra el esfuerzo del Estado donde el daño potencial es mayor.
Conjunto de instituciones, procesos y reglas que un país utiliza para diseñar, aplicar y evaluar sus regulaciones. Ordena quién decide, con qué evidencia, bajo qué controles y con qué mecanismos de participación pública, para que las regulaciones sean legítimas, coherentes y efectivas.
Capacidad de los sistemas de información de distintas autoridades para intercambiar datos, actos y resoluciones bajo estándares comunes, de modo que las dependencias operen como una sola cara frente al ciudadano y no como silos que reinician cada trámite.
Ley federal mexicana publicada el 16 de julio de 2025 cuyo objeto es eliminar trámites burocráticos, digitalizar los que subsistan y garantizar la operación de un sistema nacional de simplificación bajo principios comunes de mejora regulatoria, interoperabilidad y expediente electrónico.
Instrumento regulatorio que agrupa en una sola autorización varios permisos y registros ambientales que hoy se tramitan por separado. Su propósito es dar al obligado un único punto de cumplimiento y a la autoridad una visión integral del impacto ambiental de la actividad regulada.
Política pública que ordena, revisa y mejora las regulaciones y trámites para que generen mayores beneficios que costos a la sociedad, con reglas claras, transparentes y previsibles que fortalezcan la certeza jurídica, la competitividad y la protección de derechos.
Principio de gobierno digital según el cual las personas y empresas entregan un dato o documento al Estado una única vez, y las autoridades lo reutilizan internamente para todos los trámites en que sea necesario, en lugar de solicitarlo de nuevo en cada gestión.
Principio según el cual la intensidad de una obligación regulatoria —requisitos, controles, sanciones— debe guardar relación razonable con la magnitud del problema público que se busca atender y con el riesgo real de la actividad regulada. Prohíbe imponer cargas mayores que las estrictamente necesarias.
Reducción de requisitos, pasos, tiempos y costos de los trámites que realizan personas y empresas ante autoridades públicas, sin renunciar a los objetivos de política pública que la regulación busca proteger. Se orienta a eliminar cargas innecesarias y a hacer más eficiente la interacción gobierno–ciudadano.
Acumulación desproporcionada de normas, trámites y obligaciones sobre un mismo sujeto o actividad económica, más allá de lo que el problema público que se busca atender justifica. Se manifiesta en tiempos, costos y complejidad de cumplimiento que no aportan beneficio social equivalente.
Persona física, persona moral, unidad económica o autoridad a quien una norma impone deberes específicos —de hacer, no hacer o tolerar— cuyo incumplimiento activa consecuencias jurídicas. Es la categoría destinataria de la regulación y el referente frente al cual se mide la carga administrativa.
Capacidad de reconstruir con evidencia verificable la secuencia de actos, decisiones, datos y comunicaciones que integran un procedimiento entre la autoridad y una persona o empresa, con identificación de quién actuó, cuándo y con qué sustento. Es condición de rendición de cuentas y control jurisdiccional.
Punto de contacto único, físico o digital, donde una persona o empresa presenta y da seguimiento a los trámites que involucran a varias autoridades. Concentra la interacción con el gobierno para que el usuario no tenga que coordinarse él mismo entre dependencias.
La mejora regulatoria es la política pública que ordena, revisa y mejora las regulaciones y trámites para que generen mayores beneficios que costos a la sociedad. En México quedó consagrada con la reforma al artículo 25 constitucional en 2017 y la Ley General de Mejora Regulatoria de 2018; esa ley fue derogada en 2025 por la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, cuyo marco opera hoy la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), con obligaciones para los tres órdenes de gobierno.
¿Qué es la LNETB?
La LNETB es la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, publicada el 16 de julio de 2025. Actualiza el andamiaje federal de mejora regulatoria y obliga a eliminar trámites sin sustento, digitalizar los subsistentes bajo interoperabilidad y aplicar principios como datos una sola vez, expediente electrónico y gestión basada en riesgo.
¿Qué diferencia hay entre simplificación administrativa y digitalización?
La simplificación administrativa reduce requisitos, pasos, tiempos y costos de un trámite. La digitalización solo cambia el canal de presentación. Un trámite digital que reproduce la misma carga documental sigue siendo pesado, solo que en pantalla; sin rediseño de flujos e interoperabilidad, la digitalización no simplifica.
