Margen de apreciación que la ley confiere a una autoridad para elegir, dentro de los límites del marco jurídico, la solución más adecuada a un caso concreto. No equivale a arbitrariedad: la decisión discrecional debe estar motivada, ser proporcional y admitir control jurisdiccional.
Por qué importa y cómo se aplica en México
La discrecionalidad es inherente al ejercicio de la función administrativa. Ningún marco jurídico puede prever todos los supuestos de hecho, por lo que la ley suele fijar los fines y los límites, y deja a la autoridad la selección de los medios. La distinción clásica entre potestades regladas y potestades discrecionales, desarrollada por la doctrina del derecho administrativo, sigue siendo el marco de análisis.
El problema no es la existencia de discrecionalidad, sino su ejercicio sin controles. Cuando la autoridad no motiva su decisión, no publica los criterios que aplica y no ofrece un canal claro de impugnación, la discrecionalidad se aproxima a la arbitrariedad y erosiona la certeza jurídica. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desarrollado estándares de control de la discrecionalidad basados en motivación reforzada y proporcionalidad.
En el terreno regulatorio, la reducción de la discrecionalidad excesiva es un objetivo central de la mejora regulatoria. Se logra publicando criterios de decisión, tipificando supuestos, digitalizando procedimientos con reglas de negocio explícitas y estableciendo indicadores de consistencia. La Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos avanza en esa dirección al pedir criterios claros y procedimientos estandarizados para trámites de alto impacto.
Laboratorio de Buenas Prácticas Regulatorias, A.C. (2026). Discrecionalidad administrativa [entrada de glosario]. Glosario Regulatorio LBPR. https://lbpr.mx/glosario/discrecionalidad-administrativa