Principio según el cual la intensidad de una obligación regulatoria —requisitos, controles, sanciones— debe guardar relación razonable con la magnitud del problema público que se busca atender y con el riesgo real de la actividad regulada. Prohíbe imponer cargas mayores que las estrictamente necesarias.
Por qué importa y cómo se aplica en México
La proporcionalidad regulatoria es un principio jurídico y de política pública. En el terreno jurídico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desarrollado el test de proporcionalidad como estándar para revisar la constitucionalidad de normas que restringen derechos: la medida debe ser idónea, necesaria y proporcional en sentido estricto. Ese marco aplica también, con matices, a la regulación económica y administrativa.
En el terreno de política regulatoria, la OCDE recomienda que la respuesta del Estado se calibre al riesgo. Un trámite de bajo impacto no debe cargar a su usuario con requisitos diseñados para actividades de alto impacto, y una infracción menor no debe activar sanciones equiparables a las que sancionan daños graves. La proporcionalidad es lo que evita que la regulación se convierta en obstáculo indiscriminado.
Operativamente, la proporcionalidad se traduce en gradaciones: categorías de riesgo, listas positivas de bajo riesgo, requisitos diferenciados por tamaño de empresa, sanciones escalonadas. En México, la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos incorpora el principio al ordenar simplificación efectiva orientada por riesgo y al pedir que cada regulación acredite su necesidad en el problema público que atiende.
Laboratorio de Buenas Prácticas Regulatorias, A.C. (2026). Proporcionalidad regulatoria [entrada de glosario]. Glosario Regulatorio LBPR. https://lbpr.mx/glosario/proporcionalidad-regulatoria