Simplificar no es quitar controles

Idea central

SIMPLIFICAR NO ES QUITAR CONTROLES.

ES PONER EL CONTROL CORRECTO, EN EL MOMENTO CORRECTO Y CON LA INTENSIDAD CORRECTA.

Florida ofrece un caso relevante de simplificación regulatoria porque su reforma de 2026 en materia de permisos e inspecciones de construcción no se limita a eliminar trámites. Rediseña simultáneamente qué actividades requieren autorización, quién puede verificar el cumplimiento, cuánto puede cobrar la autoridad, qué revisiones pueden repetirse, cuánto tiempo existe para resolver y qué consecuencias produce, en determinados supuestos, la falta de actuación administrativa.

La experiencia resulta particularmente útil para el debate sobre simplificación porque muestra una alternativa a la falsa disyuntiva entre mantener todos los controles o eliminarlos: conservar el objetivo de protección pública y modificar la intensidad, distribución y modalidad del control.

1. El caso Florida

En 2026 Florida aprobó la CS/CS/HB 803 — Building Permits and Inspections, una reforma amplia del régimen estatal de permisos e inspecciones de construcción, vigente desde el 1 de julio de 2026.

Uno de sus componentes más visibles es la exención de permiso para determinados trabajos inferiores a USD 7,500 en viviendas unifamiliares.

Pero reducir la reforma a esa cifra distorsionaría su verdadero alcance.

La exención conserva permisos para trabajos eléctricos, de plomería, mecánicos, de gas y estructurales, y tampoco opera para propiedades ubicadas total o parcialmente en áreas de riesgo de inundación. Además, se prohíbe dividir artificialmente un proyecto para quedar por debajo del umbral.

La lógica observable es, por tanto, selectiva: reducir controles donde la legislación considera posible hacerlo y conservarlos en actividades sujetas a determinadas condiciones o riesgos.

2. La reforma no cambia un trámite: interviene el sistema

El principal aprendizaje del expediente aparece cuando se observan conjuntamente las distintas medidas.

Estandariza

La Florida Building Commission deberá desarrollar solicitudes uniformes estatales para permisos residenciales y comerciales, reduciendo la dispersión procedimental entre gobiernos locales.

El Final Bill Analysis confirma la importancia del cambio: previamente, salvo determinadas excepciones, los gobiernos locales podían desarrollar sus propias solicitudes y requisitos.

Digitaliza

La legislación exige mecanismos para presentar electrónicamente solicitudes, documentación, planos y pagos, e incorpora herramientas para inspecciones virtuales.

Reduce duplicidades

Florida permite que profesionales privados autorizados realicen determinadas revisiones de planos e inspecciones y, simultáneamente, delimita aquello que la autoridad puede volver a revisar.

El punto es fundamental: crear una vía alternativa aporta poco a la simplificación si posteriormente la autoridad reproduce íntegramente el mismo control.

Disciplina las tarifas

Las tarifas de inspección no pueden determinarse con base en el valor total de la obra, sino en los costos efectivamente incurridos para prestar el servicio.

Cuando un proveedor privado realiza funciones que de otra manera corresponderían a la autoridad, las tarifas gubernamentales deben disminuir. Para determinados proyectos comerciales, la legislación establece reducciones mínimas del 25 % o 50 %, dependiendo de los servicios realizados por el proveedor privado.

Aquí aparece una pregunta regulatoria particularmente poderosa:

¿Debe la autoridad cobrar por una actividad que ya no está realizando?

Florida responde normativamente vinculando el costo exigido al particular con el servicio regulatorio efectivamente prestado.

3. El tiempo también se regula

Otro componente relevante de HB 803 es el tratamiento de los plazos administrativos.

Para determinados trabajos inferiores a USD 15,000 en viviendas unifamiliares existentes, la legislación establece un plazo de cinco días hábiles para aprobar, aprobar condicionadamente o negar una solicitud completa y suficiente cuando interviene un revisor gubernamental.

Pero la innovación de mayor interés no es solamente reducir días.

En determinados procedimientos relacionados con proveedores privados, si la autoridad no comunica oportunamente ciertas deficiencias documentales, la solicitud se considera aprobada por ministerio de ley y el permiso debe emitirse posteriormente. La reforma contempla mecanismos semejantes para determinados certificados de ocupación o terminación.

La enseñanza institucional es relevante:

Un plazo administrativo cambia sustancialmente cuando deja de ser una expectativa de servicio y produce consecuencias jurídicas frente a su incumplimiento.

Esto no significa que el silencio positivo deba aplicarse indiscriminadamente. Su pertinencia depende del riesgo, la materia y el marco jurídico correspondiente.

4. Terceros privados: la clave no es privatizar, sino distribuir responsabilidades

El régimen de private providers permite que determinados profesionales licenciados realicen revisión de planos e inspecciones.

Sin embargo, el sistema mantiene requisitos de licenciamiento, seguros, responsabilidad y supervisión profesional, y conserva competencias gubernamentales específicas.

Por ello, la evidencia no debe interpretarse como sustitución general de la autoridad por particulares.

Lo interesante desde la perspectiva regulatoria es otra cosa:

Florida separa funciones.

Determina qué puede verificar un tercero autorizado, qué conserva la autoridad, qué no debe revisarse nuevamente y quién responde por cada actuación.

La lección potencialmente transferible no es necesariamente adoptar private providers, sino examinar si en un sistema regulatorio existen revisiones sucesivas que verifican exactamente lo mismo sin producir valor público adicional identificable.

5. Simplificar sin abandonar la seguridad

HB 803 conserva salvaguardas.

Además de las exclusiones aplicables a la exención de USD 7,500, existen requisitos profesionales para proveedores privados, seguros de responsabilidad y facultades gubernamentales para intervenir frente a amenazas inmediatas a la seguridad y bienestar públicos.

Esto permite una lectura institucional más precisa del caso:

La simplificación regulatoria puede consistir en rediseñar la intensidad y distribución del control, no necesariamente en eliminarlo.

El objetivo regulatorio permanece. Lo que cambia es cómo se alcanza.

6. Cinco dimensiones para entender el caso

El Criterio Institucional derivado del DER-012-2026 identifica cinco dimensiones que explican conjuntamente la reforma:

Proporcionalidad: ajustar la intensidad del control a la naturaleza y riesgo de la actividad.

Suficiencia: evitar controles adicionales cuando el cumplimiento relevante ya ha sido acreditado adecuadamente.

Temporalidad: establecer tiempos definidos y, cuando resulte jurídicamente procedente, consecuencias ante su incumplimiento.

Correspondencia económica: relacionar las cargas económicas con los servicios regulatorios efectivamente prestados.

Salvaguarda: conservar los controles necesarios para proteger los objetivos legítimos de interés público.

Estas dimensiones corresponden al aprendizaje de este expediente y no constituyen todavía una metodología general autónoma del BEER.

7. La pregunta que deja Florida

El mayor valor de una buena práctica comparada no consiste en copiarla, sino en las preguntas que permite formular sobre nuestros propios sistemas regulatorios.

El DER-012-2026 deja una particularmente relevante:

¿Cada requisito, revisión, autorización, inspección, plazo y costo del procedimiento aporta una función regulatoria diferenciada y proporcional al riesgo, o existen cargas que reproducen controles ya satisfechos sin generar valor público adicional identificable?

La respuesta no puede presumirse.

Debe construirse procedimiento por procedimiento, con evidencia, análisis del riesgo y revisión del marco jurídico aplicable.

8. Qué puede aprender México —y qué no debe copiar automáticamente

El caso presenta principios con alto valor comparado: proporcionalidad, estandarización, no duplicidad, correspondencia costo-servicio, certeza temporal y preservación de salvaguardas.

En cambio, los mecanismos concretos requieren cautela.

El umbral de USD 7,500 pertenece al régimen de Florida.

Las reducciones tarifarias de 25 % y 50 % pertenecen al diseño específico de esa legislación.

Los private providers dependen de una arquitectura de licencias, seguros, responsabilidad y distribución competencial.

El silencio positivo requiere analizar previamente riesgos, materias y consecuencias jurídicas.

Aprender de una buena práctica no significa importarla. Significa identificar el principio que resuelve el problema y determinar si puede adaptarse al contexto receptor.

9. Una limitación indispensable

HB 803 entró en vigor el 1 de julio de 2026. Las fuentes incorporadas al expediente permiten evaluar con alta solidez el diseño de la reforma, pero todavía no sus resultados posteriores.

El Final Bill Analysis anticipa un impacto fiscal negativo indeterminado para gobiernos locales por determinadas exenciones y reducciones de tarifas, aunque reconoce posibles eficiencias, y un impacto fiscal positivo indeterminado para propietarios y contratistas.

No existe en las fuentes evaluadas evidencia suficiente para afirmar cuánto han disminuido efectivamente los tiempos, cuánto dinero se ha ahorrado, si aumentó la construcción o cuál ha sido el efecto posterior sobre la seguridad.

Esta distinción es esencial:

Florida constituye hoy evidencia sólida de innovación en diseño regulatorio; todavía no evidencia suficiente de impacto ex post.

Criterio institucional del BEER derivado de la evaluación técnica del expediente

La simplificación regulatoria efectiva no consiste únicamente en eliminar trámites, reducir requisitos o digitalizar procedimientos. Puede requerir el rediseño del sistema de cumplimiento, diferenciando la intensidad de los controles según la naturaleza y el riesgo de la actividad, estandarizando procedimientos, evitando revisiones duplicadas, vinculando las cargas económicas con los servicios regulatorios efectivamente prestados y estableciendo consecuencias frente al incumplimiento de los plazos administrativos, sin renunciar a las salvaguardas necesarias para proteger el interés público.

Principio regulatorio derivado

Simplificar no exige necesariamente menos control; exige justificar qué debe controlarse, quién debe hacerlo, cuándo debe hacerlo, con qué intensidad y a qué costo.

Conclusión estratégica

El caso Florida ofrece una enseñanza que trasciende los permisos de construcción.

La discusión sobre simplificación administrativa suele concentrarse en cuántos trámites eliminar, cuántos requisitos reducir o cuántos procedimientos digitalizar.

HB 803 permite plantear una pregunta más profunda:

¿Está correctamente diseñado el sistema de control?

Cuando se analiza desde esa perspectiva, simplificar puede significar eliminar una autorización innecesaria, pero también estandarizar un formato, impedir una segunda revisión, ajustar una tarifa, permitir una inspección virtual, habilitar capacidad profesional externa o hacer jurídicamente exigible un plazo.

Ese es el principal aprendizaje del DER-012-2026:

SIMPLIFICAR NO ES QUITAR CONTROLES.

ES PONER EL CONTROL CORRECTO, EN EL MOMENTO CORRECTO Y CON LA INTENSIDAD CORRECTA.