¿Qué pregunta responde?
¿Quiénes intervienen, con qué normas y qué trámites concurren sobre un mismo caso, y dónde se producen duplicidades, vacíos o cuellos de botella?
¿Cuándo se activa?
En la etapa de diagnóstico, una vez que el expediente está abierto por FAC. Es la primera fotografía institucional del caso: sirve para acotar el alcance del análisis antes de aplicar herramientas de evaluación.
¿Qué entrega?
Una cartografía regulatoria del caso: inventario de autoridades competentes por orden de gobierno, normas aplicables, trámites concurrentes y puntos de fricción identificados. El resultado se publica como Cartografía Regulatoria numerada (LR-###-AAAA) en la sección Lupa Regulatoria.
Contexto
El Radar existe porque en México la fragmentación regulatoria rara vez es de una sola norma: un mismo trámite puede depender simultáneamente de la federación, el estado y el municipio, con criterios distintos aplicados al mismo dato. Sin un mapeo previo, cualquier propuesta de simplificación corre el riesgo de simplificar solo una capa y dejar intacta la duplicidad.
El Radar no propone la reforma; la delimita. Su función es asegurar que las herramientas de evaluación —MASR, ERR, AIR— trabajen sobre el universo completo de actores y normas relevantes, no sobre un subconjunto arbitrario.
Aplicaciones públicas
- FAC-001-2026Iniciativa de Simplificación y Digitalización de Trámites Ambientales del Estado de Sonora
Mapeó la concurrencia entre CEDES y los ayuntamientos sobre los trámites ambientales de Sonora. Documentó la fragmentación digital y física que explica que solo 937 de 18,299 unidades económicas cuenten con registro efectivo (5.1 %).
Qué no hace esta herramienta
- El Radar identifica la fragmentación; no la resuelve por sí mismo.
- No sustituye al Análisis de Impacto Regulatorio ni emite dictamen técnico.
El LBPR publica el propósito, la pregunta que responde, la etapa en que se activa y el tipo de resultado que entrega esta herramienta. Las fórmulas, ponderaciones, escalas, criterios internos y algoritmos son propiedad intelectual institucional y no se publican.