La informalidad no es el problema de origen; es el síntoma de un ecosistema que aún dificulta crecer
Nota estratégica del Laboratorio sobre la informalidad como indicador del ecosistema económico e institucional: productividad, costos de transición a la formalidad y carga administrativa como causas de fondo.
La más reciente información difundida con base en datos del INEGI y análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) vuelve a colocar sobre la mesa una realidad conocida: más de la mitad de las personas ocupadas en México se encuentran en condiciones de informalidad laboral.
Sin embargo, el mayor valor de este análisis no radica en la cifra, sino en la explicación que ofrece sobre sus causas.
Con frecuencia, la informalidad se interpreta como una decisión individual de evitar obligaciones fiscales o laborales. No obstante, la evidencia disponible muestra que el fenómeno responde a factores mucho más profundos: predominio de microempresas con baja capacidad de crecimiento, productividad limitada, altos costos de transición hacia la formalidad, escasos incentivos para escalar y un entorno institucional que, en muchos casos, continúa representando cargas administrativas importantes.
Desde la perspectiva del Laboratorio de Buenas Prácticas Regulatorias (LBPR), esta interpretación coincide con una línea de evidencia que hemos venido consolidando mediante el Banco Estratégico de Evidencia Regulatoria (BEER), a partir de estudios del Banco Mundial, la OCDE, el BID, el IMCO y diversos organismos especializados.
La evidencia converge en un mismo punto: la informalidad no puede comprenderse únicamente como un problema laboral o fiscal. También refleja las condiciones del entorno donde nacen, operan y buscan crecer las empresas.
Ello no significa que la simplificación regulatoria, por sí sola, elimine la informalidad. Tampoco permite afirmar una relación causal directa entre menos trámites y mayor formalización. Lo que sí permite sostener la evidencia es que un ecosistema regulatorio más simple, predecible, transparente y eficiente reduce fricciones, disminuye costos de cumplimiento y genera mejores condiciones para que las empresas puedan desarrollarse.
Por ello, las políticas públicas orientadas a la formalización deberían concebirse como parte de una estrategia integral que articule productividad, financiamiento, capacidades empresariales, innovación, digitalización, seguridad jurídica y mejora regulatoria.
En este contexto, la simplificación administrativa deja de ser únicamente una herramienta de eficiencia gubernamental para convertirse en un componente de competitividad y desarrollo económico.
Para estados y municipios, este enfoque adquiere especial relevancia. Los trámites de apertura, operación, construcción, protección civil, licencias, permisos y autorizaciones representan el primer contacto cotidiano entre las empresas y el gobierno. Cuando estos procesos son claros, proporcionales y oportunos, fortalecen la confianza institucional y favorecen la inversión. Cuando son complejos, inciertos o excesivamente costosos, pueden convertirse en barreras que limitan el crecimiento empresarial.
La discusión sobre la informalidad, por tanto, no debe centrarse exclusivamente en cómo fiscalizar mejor, sino también en cómo construir un entorno institucional que facilite crecer, invertir y cumplir.
Desde el Laboratorio de Buenas Prácticas Regulatorias reiteramos que la competitividad no depende únicamente del esfuerzo empresarial. También requiere instituciones capaces de generar reglas claras, procesos eficientes y condiciones que permitan a las empresas transitar con mayor facilidad hacia la formalidad y el crecimiento.
Reflexión Estratégica LBPR
La informalidad debe entenderse como un indicador del funcionamiento del ecosistema económico e institucional. Reducirla exige fortalecer las capacidades productivas de las empresas y, al mismo tiempo, construir un entorno regulatorio que elimine obstáculos innecesarios, genere certidumbre y facilite el desarrollo económico sostenible.