La infraestructura regulatoria también atrae inversiones
Nota estratégica del Laboratorio sobre la infraestructura regulatoria como componente de competitividad: tiempos de respuesta, coordinación institucional y certeza jurídica como condiciones para que la inversión se materialice.
Cuando un trámite tarda, la inversión espera.
Con frecuencia, al hablar de competitividad pensamos en carreteras, puertos, energía eléctrica o disponibilidad de talento. Todos estos factores son esenciales, pero existe otro componente que suele pasar desapercibido y que puede ser igualmente determinante para atraer inversiones: la infraestructura regulatoria.
Una reciente nota periodística advierte que los retrasos en trámites y permisos continúan siendo uno de los principales obstáculos para la instalación de plantas industriales en México. Aunque se trata de una fuente de carácter periodístico, el planteamiento coincide con evidencia acumulada por organismos nacionales e internacionales que el Banco Estratégico de Evidencia Regulatoria (BEER) ha venido integrando durante los últimos meses.
Desde la perspectiva del Laboratorio de Buenas Prácticas Regulatorias, el problema no radica únicamente en la existencia de requisitos administrativos, sino en la manera en que éstos se gestionan. Cuando múltiples autorizaciones se tramitan de forma secuencial, con tiempos inciertos, criterios variables o duplicidad documental, el costo para la inversión aumenta y la competitividad del territorio disminuye.
En este contexto, el concepto de infraestructura regulatoria adquiere una importancia estratégica. Así como una carretera eficiente reduce costos logísticos, un sistema regulatorio eficiente reduce costos administrativos, genera mayor certeza jurídica y facilita que los proyectos productivos avancen con mayor oportunidad.
La infraestructura regulatoria comprende el conjunto de normas, procedimientos, instituciones, tiempos de respuesta y mecanismos de coordinación que permiten que una inversión transite de una intención a una operación efectiva. No sustituye a la infraestructura física, sino que la complementa.
Este enfoque resulta especialmente relevante para entidades con vocación industrial como Sonora. La capacidad para atraer nuevas inversiones dependerá cada vez más de ofrecer procesos administrativos predecibles, transparentes y oportunos, además de condiciones materiales adecuadas para el desarrollo económico.
La reciente Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos representa una oportunidad para avanzar en esa dirección al priorizar la simplificación administrativa, la eliminación de cargas innecesarias y la mejora de la experiencia de las personas usuarias antes de impulsar procesos de digitalización.
Sin embargo, conviene mantener una precisión metodológica importante: la evidencia disponible no permite afirmar que la simplificación administrativa, por sí sola, genera automáticamente mayor inversión. La decisión de invertir depende de múltiples factores económicos, financieros, logísticos, laborales y regulatorios. Lo que sí muestra de manera consistente la evidencia es que una regulación eficiente reduce fricciones, fortalece la certeza jurídica y mejora las condiciones bajo las cuales la inversión puede materializarse.
Desde el Laboratorio de Buenas Prácticas Regulatorias consideramos que fortalecer la infraestructura regulatoria debe asumirse como una política pública de competitividad. Reducir tiempos, eliminar duplicidades, coordinar autoridades y simplificar procedimientos no constituye únicamente una mejora administrativa; representa una inversión institucional que incrementa la confianza, mejora el ambiente de negocios y fortalece la capacidad competitiva de los territorios.
Hoy, la competitividad ya no depende únicamente de la infraestructura física.
También depende de la calidad de la infraestructura regulatoria.
Laboratorio de Buenas Prácticas Regulatorias, A.C.
Banco Estratégico de Evidencia Regulatoria (BEER)
“La mejor infraestructura de una ciudad también se construye con instituciones que generan confianza.”